Por Sofía Espíndola y Pablo Alzugaray. Hasta hace algunos años, los casos de violencia hacia los docentes en escuelas públicas eran muy aislados. Con el paso del tiempo se fue transformando en tendencia y ascendieron los episodios de tal manera que hoy en día los educadores viven una realidad alarmante y que preocupa. El sindicato FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) reveló que recibe, al menos, una o dos peticiones de asesoramiento por día sobre cómo llevar adelante una situación de violencia en el ámbito laboral.
Por su parte, un estudio realizado por la UDA (Unión Docente Argentina) afirma que el 41.3% de los docentes afirma haber vivido episodios de violencia y que temen por su propia integridad física dentro de las instituciones educativas. Actualmente captar la atención de un alumno es uno de los mayores desafíos de una maestra/o; las aulas se están convirtiendo en especies de campos de batalla y en esas condiciones, desempeñar sus tareas podrían calificarse como "heróicas".
Los casos que encendieron las alarmas.
Los ataques que se hicieron de conocimiento público en las escuelas primarias de Tigre hace unos meses y Garín en los últimos días, pusieron de manifiesto esta situación crítica y también forman parte de la estadística.
Vanesa, maestra de una escuela primaria de Tigre afirma que, independientemente del vídeo difundido en las redes sociales en donde una madre la agrede físicamente, son víctimas constantes de insultos y amenazas: “Si bien el número crece, la violencia física no tomó un carácter “normal” en las escuelas. Estamos expuestos a la violencia verbal que genera un clima tenso constante”.
Por su parte, Alejandra, docente de la EPB N°5 de Garín, golpeada por la madre de un alumno en horario de salida frente a otros docentes, padres y directivos, ve otro problema que el que sufren ellos mismos: “La madre comenzó a golpearme luego de que separara al hijo de una pelea con un compañero, el chico tiene serios problemas de conducta y es porque vive en un contexto donde solo conocen la violencia. Yo viví este episodio, y cuando entré a mi casa, no pude evitar pensar en las situaciones que puede llegar a sufrir a diario mi alumno en su ámbito familiar, la violencia atrae más violencia”.
Los números lanzados tanto por la UDA como por el FEB son fríos, preocupantes, una estadística que da cuenta de una situación que es consecuencia de diferentes factores: la ausencia del estado y la falta de penalidad ante los agresores son dos de ellos. Docentes y especialistas en educación coinciden: “Gran parte es responsabilidad del estado, ellos tienen la posibilidad de cambiar las leyes en el congreso o hacer respetar con dureza las que ya están”, expresa un alto dirigente de ATE, gremio que defiende los derechos de los trabajadores estatales. “Estamos desprotegidos por el estado, ellos son nuestro empleador y deberían otorgarnos mayor tranquilidad y comodidad a la hora de trabajar; afirma Laura Ducasse, Vicedirectora de la EPB N° 42 y docente en la secundaria ESB 14, ambas escuelas ubicadas en la localidad de Loma hermosa, partido Tres de Febrero.
Laura expresa con orgullo que se desempeña en una zona donde abunda la necesidad y la delincuencia y sin embargo, en su casi década trabajada en ese lugar, no tienen registros ni recuerdan haber padecido situaciones de ataques ni amenazas y reflexiona sobre cómo es posible una mejor convivencia: “Acá en la institución estamos muy involucrados, tenemos una relación de años con los padres que vienen, desde aquí se les da alimentos, ropa y asesoramiento entre otras cosas y nos ha pasado muchas veces que los padres “se olvidan” de los chicos (Como pasó en el caso de la maestra agredida en Tigre) y nosotros los docentes, ignorando el reglamento, salimos a buscarlos o llevamos a los chicos a sus casas, nos ocupamos más allá de lo que las reglas dicen”. Laura siente que donde hay más necesidad, más se flaquea en materia de ayuda de parte del estado, por lo cual, sin más remedio, adoptan otras normas más acordes a las necesidades de las familias.
La ley que busca erradicar la violencia.
A comienzos de este año, la Legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto que modifica el Código de Faltas y agrava las condenas para quienes “invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”. Este es un intento para frenar la creciente violencia escolar que afecta a los educadores del sistema provincial.
Recientemente, luego del video que tuvo como protagonista a la docente de Tigre y escandalizó a un país por su alto nivel de violencia, se modificó el artículo 74 del Código de Faltas y se incorporan multas de entre ocho y quince mil pesos y entre cinco y treinta días de arresto para el involucrado.
Dicho esto, está en la responsabilidad del Estado hacer cumplir o no esta medida para que esta problemática tenga una rápida solución, tanto por el bien de la comunidad educativa como de la sociedad.