Por Agustina Lanza. Dos niñas mendocinas de 10 y 13 años fueron llevadas en simultáneo a hospitales de distintas ciudades porque les dolía la panza. Los médicos determinaron que ambas estaban embarazadas. La de 13, vivía en Tupungato, en el Valle de Uco y hace un mes fue trasladada de urgencia al hospital Scaravelli de Tunuyán por la complejidad de su cuadro: ya estaba en el tercer trimestre y eso hacía peligrar su vida.
La justicia pidió la detención de su padrastro, acusado de abusar sexualmente de ella. En el caso de la de 10 también se sospechó de la violación por parte de una persona del círculo íntimo: detuvieron a uno de sus tíos en Tunuyán. “Tiene 23 años y está acusado de abuso sexual agravado por la convivencia”, había dicho a la prensa el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Cuando se conoció la noticia, la niña cursaba un embarazo de 32 semanas.
Estos dos casos se condicen con las estadísticas de 2017 de Unicef Argentina: cada año nacen más de 100 mil hijos de adolescentes. De los cuales 3000 mil son de jóvenes de hasta 15 años. En otras palabras cada tres horas niñas de entre 10 y 14 se convierten en madres. Este período es conocido como la adolescencia temprana, donde comienza a cambiar el cuerpo tanto a nivel físico como psíquico. "Cuanto menor es la edad de la madre mayores son los riesgos de salud asociados para ellas y sus hijos", señaló Unicef Argentina en la presentación del informe de julio de este año.
La niña mendocina de 10 años, que nunca tomó conciencia de lo que ocurría, tuvo que dar a luz porque, según Gullé, ya no había posibilidad de interrumpirlo debido a que era una práctica ”no recomendada” por los especialistas. “Si la familia no quiere al bebé podrá ser dado en adopción”, dictaminó.
Las niñas paren bebés que son fruto de una violación y no hay protocolos para saber cómo actuar ante esas situaciones. Muchas de ellas siguen con ese embarazo y dejan la escuela para ejercer tareas de cuidado. Eso las ubica en situaciones de vulnerabilidad. “Seguir con un embarazo en esas condiciones es una crueldad de las iglesias y de los machos médicos y judiciales. Seguido del shock post traumático del abuso que esa niña pudo haber sufrido a lo largo de su vida, también padece las presiones que la obligan a tener a ese hijo”, aseguró el psiquiatra Enrique Stola.
En el caso de la adolescencia tardía, que va desde los 15 y los 18 años de edad, ya terminan de producirse los cambios físicos fundamentales, pero el cerebro sigue desarrollándose. Por lo tanto el embarazo precoz en esa edad también es un problema. Según el informe antes citado, en el 60 por ciento de los casos no es planificado y, en ese mismo porcentaje, las adolescentes no logran acceder de manera gratuita a algún método anticonceptivo.
Stola considera que las desigualdades económicas hacen aumentar considerablemente los números de las estadísticas: “Las diferencias van desde el nivel de instrucción hasta las clases sociales. Depende de si la adolescente nació en una familia religiosa o no y qué peso significa eso para ella. En la clase media baja no se llega a ver el grado de gravedad. Nadie quiere hablar de ello y las chicas lo viven con angustia y ansiedad”. También lo afirma Unicef en el documento de su informe: "La situación empeora si se analiza la información a nivel provincia. En Chaco, Formosa y Misiones uno de cada cuatro partos es de una madre adolescente”.
Desde el Estado deben dar respuestas a través del buen uso de legislaciones y de políticas públicas. En este sentido, la Ley 26.150, sancionada y promulgada en 2006, que promueve el Programa Nacional de Educación Sexual Integral es una herramienta que previene los embarazos precoces y brinda ayuda para la planificación responsable. Esto no se cumple en todas las escuelas del país. A su vez, alerta sobre los posibles abusos y la violencia de las mujeres; cuando son “forzadas” por los varones para que cedan a la relación sexual.
En ese sentido el ex juez Carlos Rozanski considera que la educación sexual está teniendo muchas trabas en nuestro país: “Este no es un buen momento para desarrollar una política pública porque la mirada y la ideología de la gestión actual es contraria. Por eso tenemos que reclamar esa educación a conciencia para que las adolescentes sepan cómo cuidarse en todos los sentidos. No hay que olvidar que una gran parte de esos embarazos son por abusos sexuales. En esos casos la educación no previene”
Por eso otra de las respuestas que deberían ser eficaces gira en entorno al protocolo de interrupciones legales del embarazo avalado por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo FAL. “El problema es la implementación en los hospitales y centros de salud. Está faltando decisión política y acción del gobierno. Algunos garantizan el derecho de las niñas y adolescentes y otros no. En caso de las violaciones se tienen que aplicar otro protocolo que se relaciona con la violencia”, explica Celeste McDougall, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Celeste asegura que nadie puede exigir sus derechos si no los conoce. Por eso, y una vez más, hay que remarcar que la educación es la salida a esta problemática.