Por Lara Falcón y Alejandro Bianchi. El servicio eléctrico se corta primero y de manera más frecuente en las villas y asentamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires. Este verano algunos vecinos hicieron oír más fuerte su reclamo tras varios días sin un suministro fundamental para vivir. El 76% de los habitantes de villas encuestados dice sufrir interrupciones muy a menudo, según encuestas de organizaciones sociales.
Los cortes de electricidad son desde hace años otra variable política. Desde el lado oficial (gobierno y ente regulador de la electricidad) dicen que no es lo mismo dejar sin luz a Recoleta que a cualquier villa o asentamiento de Capital Federal o el conurbano. El corte en barrios donde viven vecinos poderosos, celebridades y hasta funcionarios llega rápidamente a los medios de comunicación. La interrupción en barrios pobres, puede pasar más desapercibida.
El segundo argumento por el que se corta más la electricidad en las villas y asentamientos es porque el cobro del consumo de estos hogares no es fácil y viene con demora.
Según el marco regulatorio de la privatización del servicio de la ex SEGBA, las municipalidades deben pagar la electricidad que consumen las villas y asentamientos bajo su jurisdicción. Pero por falta de recursos, muchos jefes comunales dejaron de hacerlo y la deuda pasó a las arcas del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se creó un fondo específico para tal fin que acumula un pasivo de $423.424.596 con Edenor y $430.609.742 con Edesur desde 2014 a la fecha, según datos provistos por la secretaría de Energía de la Nación en respuesta a un pedido formal de acceso a la información pública.
Edenor y Edesur, en consecuencia, cortan primero un consumo que saben que es muy difícil cobrarlo y que arrastra deudas. Pero el problema es que con el crecimiento de la pobreza en los últimos años, una estimación de casi 400.000 familias viven hoy en asentamientos y villas sumando CABA y GBA, según datos de la organización Techo. (Ver infografía)
Y cabe aclarar, que el corte afecta a estos hogares por igual tanto en verano como en invierno. Además de los alimentos que se pierden por falta de heladera, en el invierno, muchos de estas familias se calefaccionan con electricidad ya que la garrafa es mucho más cara y solo la utilizan para cocina e higiene.
Para paliar un poco la situación y ante el pedido de algunos vecinos que para realizar varios trámites necesitan mostrar un domicilio certificado por una boleta de servicio público, las distribuidoras de electricidad ofrecen la opción de colocar medidores en cada uno de los hogares, a paso lento y con las dificultades que conlleva ingresar en estos barrios carenciados.
El Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) creó un mecanismo de medidor autoadministrado y prepago que ayuda al usuario de bajos recursos a pagar por lo que puede costear. Funciona solo a pedido del usuario y se recarga como la tarjeta SUBE o los minutos del servicio de telefonía celular pero con cantidad de kilovatios.
Edenor afirma que ya colocó 180.000 medidores autoadministrados. Edesur todavía ninguno. Sin embargo, en el amplio mapa de villas asentamientos de CABA y el conurbano bonaerense, sigue predominando el medidor comunitario por manzana que termina pagando el Estado (nacional, provincial o municipal), dentro de una maraña de cables cruzados entre las viviendas que son también una amenaza de electrocución e incendios que deja cada vez más muertos.
“Para las empresas es un buen negocio llevar la electricidad a villas y asentamientos. El tema es que paguen esos nuevos clientes”, afirma Osvaldo Rolando, ex subsecretario de energía eléctrica de la Nación. El funcionario durante la gestión del ex ministro Juan José Aranguren, aclara que el servicio se brinda en la periferia de las villas por dos razones: seguridad y porque la mayoría de los domicilios no figuran en el catastro oficial tanto de CABA como en el GBA.
Por otra parte, es más fácil cortar la luz en barrios carenciados porque la demanda es prácticamente anónima. Las interrupciones en el suministro ni siquiera figuran en los reportes que hace el ENRE todos los días en su sitio web sobre los usuarios afectados ni tampoco en su informe semestral sobre la calidad del servicio. Por lo tanto, el impacto politico y la notoriedad en los medios suelen ser inexistente. Según la organización Techo, sólo el 26% de los hogares de villas y asentamientos tiene conexión domiciliaria legal.
Las empresas que prestan el servicio eléctrico, a pesar de los medidores autoadministrados y los medidores comunitarios, se quejan de los “colgados”. Edenor –cuya concesión va desde el norte de CABA, norte y oeste del GBA- informó que el 17% de los clientes de sus respectivas áreas concesionadas está conectado ilegalmente y les cuesta mucho bajar ese porcentaje.
Para Edesur, con el servicio a su cargo de casi toda ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, la situación es aun peor: los “colgados” llegan 28,7% del total de sus clientes, según la información suministrada por la empresa. En ambos casos, el porcentaje de conexiones ilegales rondaba el 10% a mediados de los años 90. Cabe aclarar, que no siempre los “colgados” son pobres. Ambas empresas se encargan de comunicar en sus redes sociales cuando pescan in fraganti a algún gran cliente (comercios, barrios cerrados) robando electricidad.
En resumen, un cóctel muy complejo de aumento constante de la pobreza, invisibilidad mediática, catastral y de demanda y una deuda millonaria con las empresas prestadoras contribuye a que cuando el consumo es alto tanto en invierno como en verano y el sistema llega a su límite, el servicio eléctrico se corta primero en los mismos lugares, donde más se lo necesita.
