Por Alejandra Martínez y Santiago Celli. “¿Dónde están?”, se escuchó que preguntaban. ”Les chiques se fueron al patio”, respondieron. La pregunta la realizaba Juan, estudiante de 2° año de una escuela de la provincia de Jujuy, y la respuesta la dio su compañera Laura. No advirtieron que el papá de uno de sus compañeros los escuchaba asombrado y que resultándole insoportable esa forma de expresarse no dudó en hacer sentir su bufido seguido de: “Uh! ¡Otra vez! ¿Por qué no aprenden a hablar bien?, ¿para qué vienen a la escuela?” Fue en ese momento cuando los adolescentes advirtieron sobre su presencia y entendieron que el comentario iba dirigido hacia ellos. Entonces guardaron silencio y apuraron el paso para que esa persona no siga, casi, siendo parte de la conversación.
Estas reacciones de adultos se reproducen por doquier. Nadie quiere perder la oportunidad de expresar su opinión sobre lo que consideran una verdadera afrenta a la lengua adoptada.
Sin embargo sorprende en Argentina las resistencias que generan ciertos temas, la disposición de tiempo para el intercambio de opiniones sobre cuestiones que al menos no parecen constituir una amenaza irreparable. Y como otras, como el abuso sexual infantil, no son motivo de profundas reacciones, ni de las conversaciones en la mesa de los hogares, salvo excepciones. Es preciso un profundo estudio sociológico que ayude a comprender por qué nos quedamos en lo superfluo y nos cuesta tanto lo importante.
Del informe "Un análisis de los datos del Programa las Víctimas contra las Violencias 2020 - 2021”, realizado por el Ministerio de Justicia junto a Unicef, surge que, durante el periodo comprendido entre octubre de 2.020 y septiembre de 2.021, la línea 137 y el WhatsApp 11 3133 1000, se registraron 3.219 denuncias de abuso perpetradas a niñas, niños y adolescentes, víctimas de abuso sexual.
Si bien el informe muestra con claridad lo dramático de la situación de las infancias y adolescencias en nuestro país, esos datos son solo una parte. Es la
línea y el WhatsApp, pero hay un gran número de denuncias que se realizan en la Comisarías de barrios, en fiscalías o en otras instituciones de las que no se conocen datos suficientes o que no confluyen en datos generales de país. Resulta inexistente una adecuada gestión de la información.
En América latina, 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano; en más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80% son amigos, vecinos o parientes." López y R. Gigato, B.A.A.& Álvarez, I.G. (2.012) Consecuencias Psicológicas del abuso sexual infantil.
Este sombrío panorama es el que genera la incomprensión de la agenda cotidiana de los argentinos y lleva a reflexionar acerca de la importancia de encontrar las estrategias por parte del estado como máximo garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes para poner toda la atención a una problemática central que sumada a la infantilización de la pobreza no deja lugar a dudas que el adultocentrismo está disociado de una adecuada jerarquización de los temas de real interés que debieran ocupar el tiempo, el pensamiento, la acción en procura de alejar semejantes flagelos.
Si bien es cierto que existe una norma a nivel nacional, la Ley N° 26.150 que establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) y crea el Programa Nacional de ESI, con el propósito de garantizar el acceso a este derecho en todas las escuelas del país, también es cierto que su implementación es disímil en Argentina y que a la falta de capacidad operativa de los estados provinciales para efectivizarla se suma la fuerte postura de quienes son parte o usan el lema de la Campaña: “Con mis hijos no te metas”.
Los organismos internacionales en defensa de derechos de infancias, reconocen en la ESI una efectiva herramienta a la hora de prevenir situaciones vinculadas a las diferentes violencias.
La aplicación de la ESI no solo reconoce el antecedente de la resistencia de padres sino también en el ámbito legislativo nacional cuando se pretendió modificar el artículo 5 de la ley que supedita el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
Las posturas críticas e intransigentes de diputados y diputadas para evitar que se asegurara el dictado de la educación sexual integral en todas las escuelas sin importar su ideario institucional prevalecieron y no pudo entonces asegurarse que estuviera garantizado para todas las niñeces y adolescencias argentinas el acceso a mecanismos de prevención de esta violencias que suelen condicionar y limitar los proyectos de vida de quienes la padecen.
Resulta un imperativo convencer a la sociedad y al estado acerca de realizar una adecuada jerarquización de prioridades de acuerdo con los compromisos asumidos por Argentina al darle rango constitucional a la Convención de los derechos del niño y al contar con una ley como la 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.